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Privacidad: Desbloqueo forzoso de un iPhone con el rostro

He estado leyendo sobre un caso reciente relacionado con Privacidad que me ha parecido muy interesante de compartir. Grant Michalski, un hombre de 28 años residente en Columbus, Ohio, está siendo procesado en los Estados Unidos por posesión de pornografía infantil. Su iPhone X resultaba un elemento de especial importancia para la investigación, sin embargo, estaba protegido por el sistema de bloqueo de reconocimiento facial de Apple denominado Face ID, que fue introducido precisamente con el iPhone X hace poco más de un año.

Face ID procura sustiuir el sitema Touch ID que coexiste aun en la tecnología iPhone. Ambos son sistemas que utilizan datos biométricos para proteger la información, en el caso del primero es el rostro, y en el segundo, la huella dactilar. Desde su adopción en 2017, Face ID ha generado muchas dudas con respecto a su seguridad y fiabilidad, por ejemplo, en algunos casos presenta problemas para distinguir gemelos idénticos, o personas muy parecidas. Sin embargo, Apple asegura que la probabilidad de el sistema falle o sea engañado es de 1 en un millón, mientras que con Touch ID era de 1 en 50 mil.

Pero volvamos a Grant Michalski y su iPhone X súper protegido con Face ID. Lo que resulta interesante del caso es que el FBI ordenó a Grant desbloquear su teléfono colocando su rostro frente a él, y así pudo acceder a sus chats, fotografías y otra información que, en tesis de principio, se encontraba protegida por la tecnología.

Ya en 2016 había reseñado en el blog un caso similar, relacionado con la masacre de San Berdino, California en octubre de 2015, en la que murieron 14 personas. En ese caso, uno de los sospechosos (que resultó muerto en el tiroteo) portaba un iPhone 5 que resultaba elemento importante de la investigación, y el FBI ordenó a Apple colaborar en su desbloqueo, creando una llave que permitiera acceder a la información encriptada. Lo que prometía ser una batalla judicial interesante entre Apple y el FBI terminó anticipadamente ya que el FBI contrató una empresa privada que logró hackear el teléfono en cuestión.

En el caso de San Berdino, no existía Face ID ni Touch ID, sino que el teléfono estaba protegido por una contraseña. Desde un punto de vista de legalidad, ¿Existe alguna diferencia en cuanto a la posibilidad de acceder a la información como parte una investigación judicial si el teléfono se encuentra protegido por datos biométricos o por una contraseña tradicional? Para el FBI sí, y la razón no deja de tener sentido.

El derecho a guardar silencio existía ya en el Derecho Romano, bajo la máxima nemo turpidinem suan revelare tenetur. Hoy día, se encuentra incluido como parte de los derechos de defensa en prácticamente todos los países democráticos, incluida Costa Rica, que lo consagra en el artículo 36 de la Constitución Política, restringido al derecho penal. Pues bien, de acuerdo con el razonamiento del FBI, declarar implica manifestar alguna información que el sospechoso conoce, sin embargo, recolectar datos biométricos no implica manifestación alguna por parte del encartado, motivo por el cual, tomarle sus datos biométricos con la finalidad de desbloquear un elemento de interés para la investigación no difiere de la toma de huellas, la fotografía para la ficha policial o cualquier otra práctica forense.

Al igual que en el caso de San Berdino, en el de Michalski se presentan elementos extremos que parecen justificar el actuar de la policía: en un caso una lamentable masacre y en el otro, pornografía infantil. Sin embargo, la solución jurídica a los casos no debería fundarse en las circunstancias de cada uno de los hechos.

La tecnología genera cada día más situaciones de colisión entre la privacidad y la administración de justicia, en una batalla que pareciera tiene las de perder la privacidad. El juego de fuerzas resulta paradójico, con empresas de tecnología como Apple batallando contra la administración de justicia para resguardar la privacidad de sus usuarios, pero por otro lado, es la misma administración de justicia la que puede resguardar nuestra privacidad frente a las empresas de tecnología. 

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