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La potencial e inconveniente taxificación de Uber

Como en una serie de suspenso, en el último capítulo el Ministro de Obras Públicas y Transportes solicitó al Congreso 30 días para presentar una propuesta para regular las plataformas digitales de movilidad, prometiendo solucionar el problema de forma integral, gracias a mesas de diálogo con todos los sectores involucrados… salvo con las plataformas digitales y con los usuarios.

En ese contexto, no es descabellado pensar que la próxima temporada arrancará con una propuesta que “taxificará” las plataformas digitales de movilidad, equiparándolas o asimilándolas lo suficiente al servicio de Seetaxi. La posición del Gobierno parece ya no ser la preservación del statu quo que hemos visto en las temporadas anteriores, mutando en de la ilegalidad del servicio a su legalización, pero probablemente imponiendo una serie de regulaciones a los prestadores del servicio que no serán otra cosa más que barreras de entrada a los nuevos competidores del servicio tradicional de taxi.

La decisión de regular no proviene de un deseo del Estado de asegurar la calidad o la seguridad del servicio, o el cobro de tarifas justas para los consumidores, o incluso, del legítimo interés de recaudar impuestos derivados de una actividad lucrativa. La decisión de regularlo surge de la solicitud única y exclusiva del gremio de los taxistas, que, si ha logrado influenciar al regulador para que regule a su competidor, probablemente también pretenda influenciar la forma en que se regule a éste. ¿Quién no se sentiría tentado a dictar los requisitos que deben cumplir sus competidores?

Con un regulador visiblemente parcializado que cuenta además con una trayectoria impecable de décadas de ineficiencia regulatoria del transporte público, el rol de la Asamblea Legislativa resultará crucial en equilibrar los intereses detrás de la regulación que se proponga escuchando a los principales interesados en el servicio de transporte: los usuarios.

La regulación que se dicte debería garantizar la coexistencia de los diferentes regímenes jurídicos de transporte, y esto pasa por respetar las características intrínsecas de cada uno. En el caso de las plataformas digitales, sus características incluyen: a) la autorregulación en cuanto a las tarifas aplicables, b) a la calidad del servicio mediante el sistema reputacional de conductores y usuarios, c) al número de vehículos que se prestan el servicio, y d) la entrada al mercado de pequeños u ocasionales prestadores del servicio, gracias a la reducción de los costos de entrada.

Cualquier regulación tendiente a eliminar, o a hacer de difícil o imposible cumplimiento estas características será una regulación destinada al fracaso y a la inobservancia por desconocer los elementos básicos que han garantizado el éxito del servicio en el país, que está fuera de toda duda no sólo para los consumidores sino para los propios taxistas.

Por último, cualquier regulación que se dicte con respecto a las plataformas digitales de movilidad o en general a la economía colaborativa debería ser temporal, por la mutabilidad propia del objeto regulado. Sería una forma adecuada de eliminar la incertidumbre derivada por un lado de la ausencia de información sobre la incidencia de las plataformas digitales, sobre la incidencia de la regulación en el mercado y sobre la condición experimental de la norma.

En cualquier caso, la tecnología nos permite asegurar que los conductores de vehículos, al menos tal y como los conocemos hoy día, tienen sus días contados.

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