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El Impuesto sobre dividendos es enemigo del emprendimiento

El dividendo, es decir la ganancia de capital que obtiene una sociedad (sea anónima o limitada), y que está destinada a ser pagada a los socios de acuerdo a su participación en la sociedad previa autorización de la asamblea de socios, está sujeta al pago del impuesto sobre la renta en un 15% de su importe.

Sin embargo, el mero hecho de que la sociedad haya generado utilidades, hace que tenga que pagar impuesto sobre la renta sobre las mismas, por lo que al momento de distribuir el dividendo, tales ganancias están siendo objeto de una doble imposición. Aunque el impuesto sea pagado por distintas personas: en el caso del impuesto a las utilidades, éste lo paga la sociedad que las genera, y en el caso del pago del impuesto sobre el dividendo, lo paga el socio, lo cierto del caso es que se está tasando dos veces la misma riqueza generada.

Esta doble imposición tradicionalmente ha desalentado que las sociedades – sobre todo las pequeñas y medianas- distribuyan dividendos, buscando medios alternativos para que los socios puedan percibir los beneficios económicos de la riqueza que han producido. Por ese motivo es común que dichos dividendos sean canalizados como beneficios salariales (en caso de que el socio sea al mismo tiempo empleado de su empresa), o en otros casos se pagan como gastos de representación, servicios profesionales, viáticos u otras formas. Esta situación ha generado que en múltiples auditorías fiscales realizadas por la Dirección General de Tributación, se determine la existencia de pago encubierto de dividendos a los socios, y se proceda a cobrar a las empresas el impuesto evadido. Siendo que de acuerdo con las reformas tributarias adoptadas en la Administración anterior, dependiendo de los montos evadidos podría incluso configurarse un delito penado con prisión, el tema puede ser delicado.

El emprendedor, que ha pagado todos los impuestos habidos y por haber incluyendo el de la renta por las utilidades generadas, se encuentra con una última tasación en un porcentaje nada despreciable, que constituye un impuesto directo al emprendimiento. Sin duda hay un incentivo para que el socio incurra en evasión fiscal, comprometiendo incluso su libertad personal, y la supervivencia de su empresa, ya que sobre todo en las etapas iniciales del emprendimiento, el cobro de impuestos no cancelados, multas e intereses asociados, pueden implicar el cierre de la empresa.

Por todos estos motivos, el Proyecto de Ley No. 19,274 “Eliminación del Impuesto a los Dividendos”, presentado por el Movimiento Libertario, es una buena iniciativa. Sin duda, en momentos en donde la voracidad tributaria está desenfrenada, el ambiente legislativo difícilmente será tierra fértil para el Proyecto, sin embargo, debe considerarse que este tipo de beneficios al emprendimiento se traducen en más riqueza, más empleos, más empresas nacionales y en definitiva, más impuestos para las arcas públicas.

El Proyecto propone desgravar del impuesto sobre las remesas al exterior al pago de dividendos a un socio extranjero, lo cual sería especialmente beneficioso para incentivar por ejemplo los fondos de capital riesgo o inversionistas ángeles interesados en invertir en startups costarricenses, sin embargo, en mi criterio esta exención no se logra con sólo eliminar la palabra dividendo de los artículos 54 b) y 59 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, ya que el artículo 54 sigue incluyendo participaciones sociales y en general el reparto de utilidades generadas en el país, lo cual nos sigue llevando al concepto de dividendo, independientemente de que no se mencione esa palabra específicamente. El riesgo es que al querer eliminarse la tasa del 15% establecida actualmente como remesa al dividendo del socio extranjero, se interprete que entonces aplicaría la tasa del 30% para las rentas de fuente costarricense no expresamente previstas en el artículo 59 en comentario.

No faltará quien denuncie que esta exoneración beneficia a todas las sociedades, independientemente de su tamaño, y sin duda tendrán razón, de allí que, si bien la exoneración debería aplicarse de manera generalizada, de no ser posible, entonces podría dirigirse a empresas de nueva constitución, que se registren como PYMES ante DIGEPYME, y que reporten utilidades que no superen un determinado tope, es decir, ceñir el beneficio específicamente a las PYMES en general, incluyendo a las startups.

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