Costa Rica no debe poner barreras regulatorias a la innovación

Esta mañana participé en una interesante entrevista en RTN Noticias sobre el tema de Uber y otras plataformas de economía colaborativa. El debate fue interesante, aunque no tuvo la profundidad que uno siempre espera por motivos de tiempo, un análisis un poco más detallado ya lo había compartido en esta nota de finales de 2014. Yo resumiría mi posición sobre el tema en los siguientes 5 puntos: 1. Costa Rica no debe poner barreras regulatorias a la innovación, y el caso específico de Uber será un buen termómetro de qué podemos esperar sobre el tema. Hoy es Uber, pero mañana será Bla Bla Car, Cabify, Airbnb o cualquier otra aplicación similar. 2. Las barreras de ingreso a nuevos competidores en el servicio de transporte, llámaseles permisos o concesiones, no benefician al consumidor, motivo por el cual la solución no es ponerle barreras de ingreso a Uber o cualquier otra aplicación, sino quitarlas para todos. Una empresa como Uber, valorada en 50.000 millones de dólares, puede hacerle frente a estas barreras, sin embargo nuevas opciones locales difícilmente podrán hacerlo. 3. El transporte público está inmerso en una revolución que apenas está comenzando. En los próximos años la carrera hacia la automatización del transporte probablemente implique que los conductores poco a poco desparezcan, o cuando menos que no sean indispensables. La oposición de los taxistas hoy día a Uber y otras empresas similares, es como si los carteros hubieran hecho huelgas contra el correo electrónico hace 20 años alegando que destriuría sus empleos. 4. Los consumidores tenemos derecho a elegir qué servicio de transporte queremos utilizar, y la competencia es sana, muestra de ello es que: a) El representante de los taxistas dice que están trabajando en su propia aplicación movil ya que la de Uber en sus palabras es «excelente». b) Uber ha anunciado que operará con casi 300 colones de diferencia por kilómetro con respecto a los taxis ordinarios, lo que implica casi un 50% de reducción en beneficio de los consumidores. 5. La solución a este embrollo es liberalizar el transporte público en Costa Rica, y reducir al mínimo los requisitos: a) Un registro de conductores para verificar que cuentan con licencia de conducir y estado migratorio regular, b) Registro de las unidades con revisión técnica vehicular al día, y c) Un seguro de responsabilidad civil vigente y adecuado. Más allá de esto, el Estado no debería entrar a decidir cuántas personas se dedican a la actividad de transporte, ni el color de las unidades, ni las tarifas que cobran, ni el área geográfica donde operan, eso hay que dejarlo a los consumidores. Tampoco se justifica que el Estado realice controles previos sobre aspectos tales como el pago de impuestos o las aportaciones a la Seguridad Social, estos son elementos que aplican para cualquier trabajador independiente o cualquier empresa, y la intervención del Estado debería limitarse a sancionar el incumplimiento, pero no como un requisito de entrada. La entrevista completa puede consultarse acá: